Por un lado, Estados Unidos y la administración Reagan financiaron y organizaron la Contrarrevolución para frenar el avance del sandinismo, usando omo brazo operativo a antiguos mandos de la Guardia Nacional somocista. Pero la guerra no prendió solo por presiones externas; también encontró terreno fértil en los propios errores del gobierno sandinista. La colectivización forzada de las tierras, el control de las cosechas y el Servicio Militar Obligatorio generaron un profundo resentimiento en el campo. El campesino nicaragense no quería cooperativas estatales: quería su propia parcela y la libertad de vender sus granos.
Así, los campesinos terminaron atrapados en el centro de la vorágine. Fueron la base social y la "carne de cañón" de la Contra. Se les convenció de que luchaban por su tierra y su libertad, pero en la práctica alimentaron las filas de una guerra ajena impulsada por intereses geopolíticos. Además, las comunidades de molntaña quedaron en un callejón sin salida: si le daban de comer a la Contra, el ejército los acusaba de traidores; si no lo hacían, la guerrilla los reprimía.
La violencia no tuvo piedad con la gente del campo. La Contra recurrió a tácticas de terror: emboscadas, sabotajes a cooperativas, secuestros y asesinatos de maestros, brigadistas de salud y campesinos afines al régimen. Del otro lado, el Estado sandinista cometió abusos graves, desplazando de forma forzada a pueblos enteros para dejar a la guerrilla sin apoyo y ejecutando o encarcelando de manera arbitraria a sospechosos de colaborar con la insurgencia.
Al final, la lección que deja la Contrarrevolución es amarga. Detrás de los discursos ideológicos y los grandes poderes globales, quienes pagron la factura de la guerra fueron los mismos de siempre: las familias campesinas que perdieron a sus hijos, sus cosechas y su tranquilidad en una contienda que destruyó el tejido social de las montañas